Confirman el procesamiento de 52 penitenciarios por represión y malos tratos en el penal de Ezeiza en 2019
La Cámara Federal de La Plata ratificó el procesamiento de 52 agentes penitenciarios por torturas, uso de armas no letales contra internos y encierros extremos tras una protesta carcelaria en 2019 en el penal de Ezeiza. El operativo dejó heridos y fue seguido por días de aislamiento sin agua ni alimentos
La Cámara Federal de La Plata ratificó que agentes del Servicio Penitenciario incurrieron en torturas, encubrimiento y abusos tras una protesta carcelaria. La represión continuó aún cuando el conflicto había cesado. También se confirmó el uso de gases en celdas cerradas y un confinamiento extremo sin agua ni alimentos.
Requisa con violencia, encierro extremo y uso de armas contra personas indefensas
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el procesamiento de 52 agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por su accionar durante una requisa realizada el 9 de junio de 2019 en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La medida judicial alcanza a directivos, jefes de seguridad, personal de requisa y miembros de los grupos GERI y GOAS. Están acusados de aplicar torturas, falsificar documentación y someter a los detenidos a condiciones inhumanas tras una protesta pacífica vinculada al régimen de visitas.
Según la causa, los penitenciarios ingresaron con escopetas, gases y munición no letal al Pabellón B de la Unidad Residencial III, pese a que la protesta ya había terminado. Cinco internos resultaron con lesiones por balas de goma, sin justificación en los partes oficiales. Además, se denunció que se arrojaron gases lacrimógenos dentro de celdas cerradas, incluso a través de mirillas y ventanas interiores.
La represión fue seguida por un régimen de encierro extremo: los internos permanecieron hasta 23 horas por día encerrados, sin acceso a agua, alimentos ni atención médica. La situación se mantuvo hasta el 13 de junio, cuando una inspección judicial constató los hechos y logró revertir las condiciones impuestas. La Procuración Penitenciaria, querellante en la causa, calificó lo ocurrido como una forma de castigo colectivo prohibido por la ley.
La resolución de la Cámara expone con detalle las responsabilidades individuales de cada procesado y cuestiona el uso de la fuerza en espacios cerrados. También señala que las condiciones de aislamiento impuestas eran degradantes y contrarias a la legislación vigente, evidenciando una actuación sistemática por fuera de los marcos legales del accionar penitenciario.
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