Día del Acceso a la Información: un derecho en riesgo en Argentina
En el Día Internacional del Acceso a la Información, el constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez disertó en La Pampa, invitado por el Ministerio de Conectividad. Alertó que un decreto nacional desvirtuó una ley que era orgullo argentino, limitando la transparencia estatal. “No celebramos, resistimos”, afirmó, denunciando trabas judiciales y riesgos para quienes reclaman este derecho. La justicia federal, señaló, actúa con condescendencia hacia el Ejecutivo, afectando prensa y ciudadanos.
La conferencia del constitucionalista Andrés Gil Domínguez en La Pampa expuso la grave situación del acceso a la información pública tras un decreto nacional que desvirtúa una ley emblemática. El especialista alertó sobre la resistencia necesaria para proteger este derecho fundamental y los obstáculos judiciales que enfrentan quienes lo defienden.
En el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información Pública, el Gobierno de La Pampa organizó una conferencia en Casa de Gobierno con el destacado abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. El evento, impulsado por el Ministerio de Conectividad y Modernización, buscó reflexionar sobre la relevancia de este derecho en un contexto de crecientes restricciones a nivel nacional. Durante su exposición, el especialista pampeano no solo destacó la importancia de la transparencia en la gestión estatal, sino que también advirtió sobre las amenazas que enfrenta este principio fundamental en la Argentina actual.
Gil Domínguez, en diálogo con medios locales, enfatizó que el acceso a la información pública es un pilar esencial para garantizar un Estado transparente y accountable ante la ciudadanía. Sin embargo, señaló que una normativa que durante años fue un modelo en el país y en la región, replicada incluso en provincias como La Pampa, ha sido gravemente afectada por decisiones del actual gobierno nacional. Según el jurista, un decreto reglamentario emitido por el Ejecutivo nacional ha alterado profundamente el espíritu de la ley, vulnerando su propósito original.
Un derecho bajo amenaza
El constitucionalista explicó que un decreto reglamentario debe limitarse a facilitar la implementación de una ley sin modificar su esencia. Sin embargo, en este caso, la normativa nacional ha desnaturalizado el derecho de acceso a la información, generando un retroceso significativo. “No estamos celebrando este día, estamos resistiendo para que este derecho fundamental no se pierda”, afirmó Gil Domínguez. Su mensaje fue claro: la situación actual exige alertar a la sociedad sobre las implicancias de estas restricciones, que impactan directamente en la libertad de prensa y en la capacidad de los ciudadanos para controlar la gestión pública.
El especialista también abordó las dificultades para revertir esta situación a través de la vía judicial. En septiembre de 2024, tres legisladores presentaron una denuncia contra el decreto, pero los tribunales rechazaron inicialmente el planteo. Aunque esta decisión fue revocada, el proceso enfrenta nuevos obstáculos: el juez asignado se excusó por “razones de decoro”, y ningún otro magistrado ha tomado el expediente. “La justicia federal se ha convertido en un camino muerto, con una actitud condescendiente hacia el Presidente”, denunció Gil Domínguez.
Además, el abogado señaló un aspecto particularmente preocupante: el decreto establece que, si el gobierno considera que una solicitud de información no se realiza de buena fe, el peticionante podría enfrentar demandas por daños y perjuicios. Esta disposición, según el especialista, desincentiva a los ciudadanos y a los medios de comunicación a ejercer su derecho, por temor a represalias legales. “Es un mecanismo que intimida y limita la participación ciudadana”, subrayó.
El jurista también reflexionó sobre la naturaleza del actual gobierno nacional, al que describió como “de origen democrático, pero de ejercicio autocrático”. Esta caracterización pone de manifiesto la tensión entre la legitimidad electoral y las prácticas que restringen derechos fundamentales, como el acceso a la información pública.
La conferencia de Gil Domínguez no solo sirvió para visibilizar estas problemáticas, sino también para reforzar la importancia de la resistencia activa frente a medidas que debilitan la democracia. En un contexto donde la transparencia estatal es esencial para el control ciudadano y el ejercicio de la libertad de prensa, el mensaje del constitucionalista resuena como un llamado a la acción para proteger un derecho que, lejos de ser celebrado, hoy está en riesgo.
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