Disolución de la AGP: un paso más hacia el ajuste y desguace del Estado argentino
Disolución de la AGP: el gobierno argentino reestructura el sistema portuario El anuncio de Javier Milei busca transformar la gestión portuaria mediante la creación de un nuevo organismo. La medida promete eficiencia pero genera incertidumbre en lo social y económico.
El presidente Javier Milei anunció la disolución de la Administración General de Puertos (AGP) y la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La medida, orientada a reducir el gasto público y modernizar la gestión portuaria, genera debates sobre su impacto en la economía y el empleo.
El 3 de enero de 2025, el gobierno liderado por Javier Milei confirmó la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), entidad encargada del puerto de Buenos Aires y la hidrovía del río Paraná. La medida incluye una reducción del 79% del personal y la venta de activos considerados innecesarios. Esta decisión responde a lo que el gobierno calificó como un intento de erradicar “privilegios y corrupción” dentro del organismo.
Nace la Agencia Nacional de Puertos y Navegación
En reemplazo de la AGP, se creará la ANPyN, que absorberá las funciones de la antigua entidad y de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Bajo la órbita del Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo, este nuevo organismo concentrará las tareas de regulación, control y desarrollo del sistema portuario. Entre sus objetivos se incluyen la promoción de inversiones mixtas, la modernización logística y la reducción de costos operativos relacionados con el comercio exterior.
La propuesta también busca revertir el deterioro económico de la AGP, que pasó de registrar superávits a operar con déficits significativos. Según el gobierno, esta transformación permitirá una mayor eficiencia administrativa y una profesionalización del sector portuario.
El anuncio ha generado diversas reacciones. Mientras algunos celebran la posibilidad de optimizar recursos y dinamizar la actividad portuaria, sindicatos y empleados de la AGP han expresado su preocupación por las implicancias laborales y sociales de la medida. Además, sectores políticos y económicos advierten sobre la necesidad de una investigación exhaustiva de las prácticas pasadas antes de avanzar con la reestructuración.
En el contexto de una economía que busca reconfigurarse para superar los desafíos heredados, la disolución de la AGP se posiciona como una de las decisiones más relevantes dentro de la agenda de ajuste fiscal y desregulación impulsada por Milei. Con más del 60% de las exportaciones del país transitando por la hidrovía, los resultados de esta medida serán determinantes para el futuro del comercio exterior argentino.
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