El Gobierno impulsa un giro en el sistema electoral: busca eliminar las PASO y reformar el financiamiento político
El proyecto enviado al Congreso propone suprimir las primarias, modificar la ley Orgánica de Partidos Políticos y ajustar las reglas del financiamiento electoral, con la intención de reducir costos y reforzar la representatividad.
El Ejecutivo presentó al Congreso un ambicioso proyecto de ley denominado «Reforma para el Fortalecimiento Electoral». Entre sus puntos más destacados, plantea la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en los requisitos para la existencia de partidos políticos, y una transformación del sistema de financiamiento de las campañas electorales.
Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, las PASO han sido un instrumento innecesario desde su implementación en 2011. “Funcionaron como una encuesta millonaria que perjudicó la economía y el tiempo de los argentinos. Solo en 2023, su costo fue de 45.445 millones de pesos, obligando a los ciudadanos a votar tres veces en el año”, explicó. Además, destacó que menos del 40% de los partidos que participaron en internas alcanzaron el umbral del 1,5% necesario para presentarse en elecciones generales.
Cambios estructurales en partidos y financiamiento
En cuanto a los partidos políticos, el proyecto busca “mejorar la representatividad” y limitar la proliferación de agrupaciones que operan como “sellos de goma”. Para ello, se exigiría que las fuerzas políticas cuenten con el 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral y que alcancen al menos el 3% de los votos en dos elecciones consecutivas. Los partidos nacionales, además, deberán estar presentes en al menos diez distritos, duplicando el requisito actual.
El Gobierno también plantea cambios significativos en el financiamiento de campañas, suprimiendo el aporte estatal y eliminando los límites a las donaciones privadas. “Es una forma de reducir el gasto público y dar mayor transparencia a los recursos que reciben las fuerzas políticas”, señaló Adorni.
Además, propone eliminar los espacios de publicidad electoral financiados por el Estado y fijar un único aporte público anual proporcional a los resultados obtenidos en las elecciones anteriores. Paralelamente, se reduciría de ocho a tres días la prohibición de publicar encuestas antes de los comicios, y se crearía la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.
De aprobarse estas modificaciones, los partidos tendrán hasta 2026 para adaptarse a las nuevas normativas, incluyendo el uso de una plataforma digital para gestionar afiliaciones y revalidaciones.
El proyecto promete abrir un debate intenso en el Congreso, con el trasfondo de optimizar recursos y garantizar una mayor eficacia en el sistema electoral argentino. Sin embargo, sectores de la oposición y analistas han advertido que estas medidas podrían impactar en la pluralidad y accesibilidad del proceso democrático.
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