El Gobierno impulsa la derogación de leyes de identidad y cupos laborales
En línea con sus discursos en Davos, el presidente Javier Milei avanza con un proyecto legislativo que busca derogar la figura de femicidio, la Ley de Identidad de Género y el cupo laboral trans. El Ejecutivo defiende estas medidas como un paso hacia la igualdad ante la ley, mientras organizaciones civiles critican un posible retroceso en derechos adquiridos. El debate legislativo promete ser intenso.
Tras los discursos de Javier Milei en el Foro de Davos, el Ejecutivo trabaja en un proyecto que eliminaría leyes sobre diversidad de género, cupos laborales y la figura de femicidio. La medida, que genera amplia controversia, busca modificar normativas que el Gobierno considera discriminatorias por favorecer a ciertos sectores. Activistas y organizaciones civiles denuncian un posible retroceso en derechos humanos.
El presidente Javier Milei busca avanzar con una serie de medidas legislativas que podrían cambiar profundamente el panorama legal en Argentina. Bajo el nombre de «Igualdad ante la Ley», el proyecto incluiría la derogación de la figura de femicidio, la Ley de Identidad de Género y el cupo laboral trans, junto con otras normativas que promueven lo que el mandatario y su equipo califican como “discriminación positiva”.
Un cambio en el enfoque estatal
El Ejecutivo argumenta que estas medidas buscan garantizar la igualdad sin excepciones ni privilegios. Fuentes del Gobierno aseguraron que «el Estado no debe intervenir para favorecer a sectores particulares», en línea con los cuestionamientos de Milei hacia las políticas de diversidad. La derogación alcanzaría también al DNI no binario, a aspectos de la Ley Micaela y al cupo laboral para personas con discapacidad.
En este contexto, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, y el asesor presidencial Santiago Caputo lideran la elaboración del proyecto. Desde Balcarce 50, consideran que «la inclusión debe regirse por la idoneidad y no por criterios ideológicos o de identidad».
La iniciativa, que se presentaría en el Congreso durante el primer semestre del año, ha generado una fuerte reacción de organizaciones civiles y activistas. Amnistía Internacional y otros grupos han cuestionado estas medidas, señalando que podrían significar un retroceso en derechos conquistados durante las últimas décadas.
El Gobierno considera estas reformas como un paso necesario para «erradicar privilegios institucionalizados» y asegura que se enmarcan en los principios de igualdad consagrados por la Constitución Nacional. Sin embargo, el debate promete ser uno de los más controvertidos del presente año legislativo.
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