El Gobierno impulsa la derogación del Estatuto del Periodista y enciende la alarma en el gremio de prensa
La inclusión de la Ley 12.908 en el capítulo de derogaciones del proyecto de reforma laboral ha generado un fuerte rechazo en el sector. La normativa, con más de 80 años de vigencia, regula no solo cuestiones salariales sino protecciones fundamentales para la libertad de conciencia y la estabilidad laboral. Referentes de todo el arco ideológico y organismos internacionales advierten que su eliminación vulnera el derecho a la información y expone a los profesionales a presiones arbitrarias.
Infórmate en DiarioPampero.com – El Poder Ejecutivo ha incluido la derogación del Estatuto del Periodista en su proyecto de reforma laboral, amenazando una norma con más de ocho décadas de historia. La iniciativa ha generado un repudio generalizado entre profesionales, sindicatos y entidades internacionales. Los artículos cuestionados resguardan la estabilidad laboral y la libertad de opinión frente a presiones externas. Analistas advierten que esta desregulación afecta directamente el derecho de la sociedad a estar informada.
La libertad de conciencia, el pensamiento crítico y la expresión de los periodistas se encuentran ante un escenario de incertidumbre tras la confirmación de que el Gobierno nacional ha incluido la eliminación del Estatuto del Periodista en su reciente proyecto de reforma laboral. La Ley 12.908, sancionada hace más de ochenta años, constituye la columna vertebral jurídica que garantiza el libre ejercicio de la profesión en Argentina. Sus 84 artículos no se limitan a regular aspectos técnicos o salariales, sino que establecen las bases para proteger al trabajador de prensa frente a los riesgos políticos y físicos, los despidos arbitrarios y aseguran el libre acceso a las fuentes de información, configurándose como un pilar para el funcionamiento democrático.
La decisión del Ejecutivo, ratificada con la firma del presidente Javier Milei, ubica a esta normativa histórica en el capítulo final de «Derogaciones» del texto enviado al Congreso. Esta maniobra ha despertado la reacción inmediata de profesionales de larga trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos. Mariano Obarrio, periodista experimentado, calificó la medida como un «ataque artero» hacia los trabajadores de prensa, sugiriendo una animosidad por parte de la administración central hacia el oficio. La preocupación radica en que el Estatuto no es un simple convenio colectivo, sino una herramienta de defensa ante la discrecionalidad patronal y gubernamental.
Desde el ámbito institucional, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) ha comenzado a analizar los alcances de esta iniciativa. Fernando Stanich, recientemente electo presidente de la entidad, expresó que, si bien no funcionan como un gremio, observan con preocupación cualquier intento de desregulación que pueda vulnerar derechos adquiridos. Para Stanich, existe una relación directa entre la precarización laboral y la calidad del producto periodístico: a menor protección, mayor es la debilidad del profesional para investigar e informar con rigor.
Un frente común en defensa de los derechos laborales y la independencia profesional ante la avanzada desregulatoria oficial
La amenaza de derogación ha logrado algo poco frecuente: unificar voces que habitualmente transitan veredas ideológicas opuestas. Silvia Mercado, acreditada en Casa Rosada y autora de libros sobre la historia del peronismo, manifestó su convicción de que el periodismo cerrará filas para defender la libertad de expresión, confiando también en el respaldo de las empresas periodísticas. Por su parte, el periodista deportivo y escritor Ariel Senosiain se mostró contrario a la eliminación lisa y llana de la norma. Su postura aboga por una mesa de diálogo donde se puedan actualizar los convenios frente a los nuevos desafíos tecnológicos, como la inteligencia artificial o el teletrabajo, pero sin invisibilizar derechos consolidados durante décadas. Sin embargo, las cámaras empresarias no han mostrado hasta el momento interés en debatir estas actualizaciones con los sindicatos Sipreba y Fatpren.
El artículo 5 del Estatuto es taxativo al definir la libertad de prensa y de pensamiento como derechos inalienables. La normativa de 1944 regula mecanismos esenciales como la matriculación, la duración de las jornadas, los descansos y un régimen de indemnizaciones especiales que históricamente ha incomodado a las patronales. Estas indemnizaciones, superiores a las de otras actividades, junto con la estabilidad en el empleo, funcionan como un escudo que otorga inmunidad a los periodistas frente a las presiones políticas y empresariales, impidiendo que sean removidos sin una causa grave y justificada. Obarrio destaca que este es el punto neurálgico que el Gobierno intenta pulverizar.
El rechazo a la medida ha trascendido las fronteras nacionales, cosechando el apoyo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Fepalc, que agrupa a trabajadores de prensa de 13 países de la región. Además, el proyecto oficial avanza sobre otras normativas: busca eliminar también el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas y suprimir artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que gravan a las señales para financiar a medios públicos y comunitarios. Noelia Barral Grigera, conductora y docente, sintetizó la situación encuadrándola en un proceso político que considera consistente con un pensamiento contrario a la organización sindical, trazando un paralelismo con los intentos fallidos de desregulación ocurridos durante la década del noventa.
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