El Gobierno privatizará la Ruta 5 y otras autopistas del país
La gestión de más de 6.000 kilómetros de vías será transferida al sector privado. La medida busca optimizar el mantenimiento y financiamiento de la infraestructura. Corredores Viales será disuelta y nuevas empresas asumirán el cobro de peajes a cambio de obras. Según el Gobierno, la decisión mejorará la red vial sin generar más déficit estatal.
El Ejecutivo anunció que transferirá a privados la gestión de 6.000 kilómetros de rutas y autopistas, incluyendo la Ruta 5. La medida busca impulsar la inversión en infraestructura vial y reducir el déficit estatal. La decisión contempla la disolución de Corredores Viales y la implementación de nuevos contratos de concesión. Según el Gobierno, la medida garantizará mejoras en el mantenimiento y el financiamiento de las obras.
El Gobierno nacional confirmó la privatización de más de 6.000 kilómetros de rutas y autopistas, lo que incluye el tramo de la Ruta Nacional 5 entre Santa Rosa y Luján. La decisión forma parte de un plan para permitir la participación de capitales privados en la gestión vial, con el objetivo de mejorar el estado de la infraestructura y optimizar los costos de mantenimiento.
Un nuevo esquema de concesiones
El Ejecutivo anunció que la empresa estatal Corredores Viales, encargada de la administración de diversas rutas y autopistas, será disuelta. En su reemplazo, se celebrarán nuevos contratos de concesión con empresas privadas que asumirán la gestión y financiación de las obras a cambio del derecho de cobro de peajes. Según el Gobierno, este esquema permitirá destrabar proyectos paralizados y modernizar las vías.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que esta iniciativa busca eliminar el modelo de contratación pública que, según el Ejecutivo, generó déficit y deterioro en la infraestructura. Además, destacó que la privatización permitirá mayor eficiencia en la ejecución de obras, sin las limitaciones impuestas por la ley de obra pública.
Desde el Ministerio de Economía explicaron que la medida también responde a un panorama financiero adverso. En 2023, Corredores Viales acumuló una deuda con proveedores de $142.000 millones y registró pérdidas por $268.000 millones. Ante este escenario, el Gobierno argumenta que la incorporación de capital privado es una solución necesaria para evitar un mayor deterioro de las rutas.
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