El Gobierno reglamentó la venta de armas semiautomáticas a civiles y modificó el régimen de control del RENAR
El Gobierno de Javier Milei oficializó la autorización para que civiles puedan adquirir y poseer armas semiautomáticas, carabinas y subametralladoras de asalto. La medida, publicada en el Boletín Oficial, modifica un régimen que estuvo vigente más de tres décadas y establece nuevos controles a través del RENAR y el Ministerio de Seguridad Nacional.
El Ejecutivo avanzó con la reglamentación que permite a civiles acceder a armas antes reservadas a las fuerzas de seguridad. La Resolución 37/2025 redefine el sistema de control del RENAR e impone nuevos requisitos de trazabilidad y justificación deportiva.
El Gobierno nacional reglamentó la posibilidad de que los ciudadanos puedan comprar y tener fusiles semiautomáticos, carabinas y subametralladoras de asalto, un tipo de armamento que hasta ahora solo estaba autorizado para las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. La medida se oficializó mediante la Resolución 37/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, y representa un cambio sustancial en el régimen de autorización y control de armas bajo la órbita del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.
La decisión del Ejecutivo profundiza el camino iniciado el pasado 18 de junio, cuando se había abierto por primera vez la posibilidad de compra de este tipo de armamento a civiles bajo ciertas condiciones. Con la nueva reglamentación, el Gobierno libertario deja sin efecto el Decreto 64/1995, que durante más de 30 años restringió de forma total la adquisición de armas de guerra por parte de usuarios civiles, salvo en casos excepcionales aprobados por el Ministerio de Defensa.
Para obtener la autorización especial que ahora reemplaza la prohibición previa, los interesados deberán cumplir con una serie de condiciones que apuntan, según el Gobierno, a garantizar un control más estricto, centrado en la justificación deportiva y la trazabilidad de cada arma.
Requisitos para adquirir y tener armas de guerra:
- Acreditar la identificación precisa del arma, mediante tipo, marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie.
- Contar con un Sector de Guarda registrado tipo G2, como sistema de almacenamiento seguro aprobado.
- Presentar una declaración jurada que justifique la solicitud, acompañada de documentación probatoria y fotografías del arma.
- Abonar la tasa correspondiente al trámite, equiparable al costo de la “Tenencia Exprés” y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM) vigente.
- Demostrar usos deportivos probados, mediante al menos una de las siguientes alternativas: certificación de entidad de tiro con instalaciones propias, avalando la condición de tirador asiduo; representación en certámenes nacionales o internacionales de tiro deportivo con ese material y/o solicitud de una entidad de tiro habilitada que permita el uso por parte de sus socios en disciplinas deportivas o con fines didácticos certificados.
- No poseer antecedentes sancionatorios ni trámites administrativos pendientes ante el RENAR.
- Contar con una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional.
- Proveer elementos probatorios adicionales que permitan evaluar la pertinencia de la petición, bajo criterio del RENAR.
El decreto establece además que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) será la encargada de aplicar el nuevo régimen de control especial. En su texto, se detalla: “Establécese un régimen de autorización especial para los actos de adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR, peticionados por los legítimos usuarios de armas de fuego”.
La medida impacta en todo el sistema de tenencia y portación, abarcando tanto al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad como a los servicios penitenciarios, policías provinciales, asociaciones de tiro y usuarios civiles en general. Desde el Gobierno argumentan que la nueva normativa busca actualizar un marco legal considerado obsoleto, a la vez que se refuerzan los mecanismos de control a través del RENAR y la ANMAC.
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