El Senado aprobó la Ley de Inocencia Fiscal modificando la relación entre contribuyentes y AFIP
La Cámara Alta sancionó la normativa que transforma los criterios de fiscalización y penalidad tributaria en Argentina. En el marco del debate presupuestario, el oficialismo logró los votos necesarios para establecer nuevos umbrales de evasión y modificar la prescripción de deudas. Esta legislación busca aliviar la presión sobre los contribuyentes y facilitar la regularización de activos no declarados, impactando directamente en la economía informal y en la gestión de la administración federal.
Infórmate en DiarioPampero.com – El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal tras una extensa sesión legislativa vinculada al Presupuesto 2026. La iniciativa reforma el Código Penal Tributario elevando los montos mínimos para considerar delito la evasión y establece un principio de confianza hacia el ciudadano. Con cuarenta y tres votos afirmativos, el Gobierno concreta una modificación sustancial en el régimen impositivo que promete reducir la litigiosidad y fomentar la formalización de divisas.
El Congreso de la Nación ha dado luz verde a una profunda reestructuración en la dinámica entre el Estado y los ciudadanos en materia impositiva. Tras un debate que se extendió por casi ocho horas y que tuvo como eje central el Presupuesto 2026, la Cámara de Senadores sancionó el denominado paquete de Inocencia Fiscal. La votación concluyó con un respaldo mayoritario de 43 legisladores, provenientes de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales, frente a 26 votos negativos del justicialismo, espacio que registró tres ausencias notables durante la sesión.
Esta nueva legislación introduce cambios sustanciales en la Ley Penal Tributaria y en los procedimientos administrativos de la Administración Federal de Ingresos Públicos. El espíritu de la norma radica en invertir la carga de la prueba en instancias iniciales: el contribuyente será considerado cumplidor salvo que el organismo recaudador demuestre lo contrario con evidencia concreta. Este giro doctrinario busca eliminar la presunción automática de intención de evasión, obligando al fisco a fundamentar sus acusaciones antes de proceder con sanciones punitivas graves.
Uno de los aspectos técnicos de mayor relevancia es la actualización de los montos que delimitan la frontera entre una infracción administrativa y un delito penal. Los valores vigentes, que no sufrían modificaciones desde el año 2017, han quedado obsoletos frente al avance inflacionario. Con la nueva ley, el piso para la evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, mientras que para la evasión calificada el umbral asciende a 1.000 millones de pesos. Esta medida descomprime a los tribunales y evita que deudas menores, producto de desajustes económicos, terminen en causas criminales.
Impacto en la economía informal y nuevos mecanismos de actualización anual por inflación
La normativa también ofrece una vía de escape a la acción penal mediante la regularización espontánea. Aquellos ciudadanos que cancelen sus obligaciones adeudadas, sumando los intereses correspondientes, antes de que se formalice una denuncia, podrán evitar el proceso judicial. Este beneficio, no obstante, posee un carácter restrictivo, ya que solo podrá ser utilizado una única vez por cada persona física o jurídica. Asimismo, se establece que si prescriben las facultades de la AFIP para exigir el tributo, automáticamente se extingue la posibilidad de persecución penal, brindando mayor seguridad jurídica.
En relación con la transparencia y la previsibilidad a futuro, la ley estipula un mecanismo de ajuste automático. A partir del año 2027, los montos del régimen penal y simplificado se actualizarán anualmente siguiendo la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), y los nuevos valores deberán ser publicados oficialmente. Paralelamente, se implementa un régimen opcional de declaración jurada simplificada para el Impuesto a las Ganancias destinado a personas humanas y sucesiones indivisas con patrimonios acotados, donde será el propio fisco quien confeccione la liquidación en base a los datos que posee.
Aunque el texto aprobado no constituye un blanqueo de capitales explícito, los analistas coinciden en que la reforma incentiva el uso de los ahorros por fuera del sistema, conocidos coloquialmente como «dólares del colchón». Al reducirse el riesgo de inspecciones agresivas por incrementos patrimoniales no justificados y elevarse los montos para las denuncias penales, se facilita indirectamente la introducción de estos activos en el circuito formal de la economía. Finalmente, la ley contempla reducciones de hasta el 90% en multas administrativas para pequeñas y medianas empresas, buscando aliviar la carga financiera del sector productivo.
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