El Senado sanciona la Ley de Presupuesto y consolida el ajuste en educación tras dividir a la oposición
El oficialismo consiguió la sanción de su primera Ley de Presupuesto tras una jornada de intensas negociaciones en el Senado. Con 45 votos a favor y el apoyo de gobernadores aliados, el Gobierno aseguró el recorte en partidas educativas y científicas. La sesión expuso fracturas inéditas en el peronismo y la Unión Cívica Radical, mientras que el Ejecutivo utilizó herramientas de presión financiera sobre las provincias para blindar los artículos más polémicos de la normativa fiscal.
Infórmate en DiarioPampero.com – El Senado de la Nación aprobó la Ley de Presupuesto diseñada por el Gobierno, consolidando un esquema de restricción fiscal para el próximo ejercicio. La votación reflejó el éxito de la táctica oficialista para quebrar la unidad de los bloques opositores, logrando adhesiones críticas del peronismo y el radicalismo. Pese a la resistencia en el recinto, se ratificaron los recortes en defensa y educación, garantizando al Ministerio de Economía el control discrecional de los fondos públicos.
El Gobierno nacional ha logrado cerrar el período de sesiones extraordinarias con una victoria legislativa determinante para su administración. Tras dos años de gestión operando con prórrogas presupuestarias y manejo discrecional de recursos, el oficialismo obtuvo la aprobación de su primera Ley de Presupuesto, diseñada para regir durante su tercer año de mandato. El resultado en el recinto de la Cámara Alta arrojó 45 votos afirmativos contra 25 negativos, una diferencia holgada que fue posible gracias a una articulación política que logró perforar la unidad de los bloques opositores tradicionales, sumando el respaldo del PRO, una fracción de la Unión Cívica Radical y legisladores que responden a gobernadores aliados.
La sesión estuvo marcada por un hecho inédito en la historia reciente del parlamento: la división del voto peronista. Los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy) optaron por acompañar la propuesta del Ejecutivo en la votación general, rompiendo la disciplina partidaria habitual. Esta fractura fue el resultado de una operación política meticulosa dirigida desde el despacho de Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista, quien convirtió su oficina en el centro de operaciones donde confluyeron figuras como Diego Santilli, Lule y Martín Menem, además del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Desde allí se monitoreó el debate minuto a minuto, con el objetivo de evitar sorpresas y asegurar el blindaje de la norma.
La negociación implicó movimientos de alto nivel y el uso de la «billetera» estatal como herramienta de persuasión. Un caso paradigmático fue el del gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Durante el desarrollo de la sesión, Torres mantuvo una reunión con Diego Santilli en la que, además de discutir la deuda de la Nación con la caja previsional provincial —estimada en más de 50 mil millones de pesos—, acordó una auditoría conjunta. Este entendimiento se tradujo en el recinto con el voto favorable de la senadora Edith Terenzi al polémico capítulo 2 del proyecto. Maniobras similares aseguraron la colaboración de otros mandatarios provinciales, como el neuquino Rolando Figueroa y el salteño Gustavo Sáenz.
La ingeniería política detrás de los votos y la fractura de los bloques tradicionales ante la presión fiscal ejercida sobre las gobernaciones provinciales
La Unión Cívica Radical también evidenció profundas grietas internas. De los diez integrantes de su bancada, cuatro senadores decidieron avalar el ajuste sobre las metas de financiamiento educativo, contradiciendo banderas históricas del centenario partido. Los legisladores mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, junto a la chaqueña Silvana Schneider y la santafesina Carolina Losada, aportaron sus votos al oficialismo. Esta postura generó tensiones visibles, con el bonaerense Maximiliano Abad advirtiendo sobre las consecuencias de «meter la mano» en las universidades y en los sectores vulnerables, anticipando su rechazo al capítulo fiscal. Incluso el presidente del bloque, Eduardo Vischi, aunque apoyó en general, reconoció diferencias sustanciales en la votación particular.
El punto de mayor conflicto y trascendencia de la ley aprobada reside en los artículos 12 y 30 del capítulo 2. A pesar de los esfuerzos de un sector de la oposición, el Gobierno logró mantenerlos en el texto final. El artículo 12 otorga a la Secretaría de Educación la potestad de administrar los fondos universitarios con total discrecionalidad, habilitando incluso el congelamiento de partidas si se considera que su uso es inadecuado. Por su parte, el artículo 30 elimina las obligaciones de inversión progresiva en ciencia y tecnología, suprime el fondo para la educación técnica y recorta las partidas asignadas al sistema de defensa nacional. La senadora Anabel Fernández Sagasti calificó esta sección como una «declaración de principios en contra de la educación pública».
La táctica legislativa empleada por La Libertad Avanza fue eficaz para neutralizar la resistencia de las provincias. El oficialismo anexó a estos artículos de recorte la autorización para préstamos del BID destinados a las jurisdicciones provinciales. En un contexto de asfixia financiera, esta maniobra funcionó como un mecanismo de presión ineludible: los gobernadores se vieron forzados a instruir a sus senadores para que votaran en contra de leyes que el propio Congreso había sancionado anteriormente, priorizando el auxilio financiero inmediato sobre la defensa de los fondos educativos y científicos. Con la ley sancionada y el proyecto de Inocencia Fiscal también aprobado, el Gobierno asegura su hoja de ruta económica, celebrada por el presidente Milei, y se prepara para retomar la agenda en febrero con la Reforma Laboral y el Código Penal.
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