Evaluaciones de idoneidad y más despidos: el Gobierno examinará a 40 mil empleados temporales
El Poder Ejecutivo ha dispuesto exámenes obligatorios para empleados públicos temporales, y evalúa una reestructuración amplia de distintas áreas del Estado para maximizar la eficiencia de los recursos y minimizar el gasto público. Un total de 40 mil trabajadores temporales deberán aprobar estas evaluaciones. La desaprobación implica el despido pero aprobarlas no significará necesariamente la renovación o permanencia en el trabajo.
En el transcurso de la próxima semana, el Gobierno iniciará la primera fase de evaluaciones de idoneidad dirigidas a empleados públicos temporales. Estas evaluaciones serán obligatorias para unos 40 mil trabajadores cuyos contratos están próximos a expirar al final del año, y la aprobación del examen se constituirá en un requisito fundamental para la eventual renovación contractual. En paralelo, se procederá a una revisión exhaustiva de la composición de personal de todas las áreas del Estado, con el objetivo de identificar redundancias y racionalizar estructuras.
El Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, se encuentra en las etapas finales de publicación de los lineamientos que regirán los exámenes. Las pruebas se desarrollarán de forma presencial, y la complejidad de las mismas variará en función del tipo de trabajo desempeñado (ya sea profesional, administrativo o de servicios generales). Estas evaluaciones tienen como fin establecer un umbral de competencia equivalente a la obtención de un título secundario. Sin embargo, se prevén excepciones para empleados con nombramiento de planta permanente, residentes en zonas del interior del país y personas con discapacidad.
El Ministerio de Desregulación niega que se trate de un ajuste
Los exámenes serán de carácter obligatorio tanto para los trabajadores temporales como para quienes aspiren a ingresar a la administración pública. No obstante, la aprobación de la evaluación no constituye una garantía automática de recontratación o de ingreso, ya que dichas decisiones dependerán de la administración de cada área correspondiente.
Según fuentes gubernamentales, la intención es establecer un mecanismo objetivo de evaluación de la eficiencia del personal sin convertirlo en un filtro arbitrario o discriminatorio.
Aunque desde el gobierno no se admite la palabra ajuste o despidos y prefieren utilizar la palabra «evaluación», el objetivo final es justamente la reducción de personal en el Estado.
En parte esto se demuestra a partir de que, hasta el momento, alrededor de 30 mil empleados han sido desvinculados, y se ha procedido a una reducción significativa del número de ministerios, así como de los puestos superiores. A futuro, se proyecta la clausura de organismos considerados superfluos, como la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami), y la revisión exhaustiva de las funciones de organismos descentralizados como ARCA (ex AFIP) e Indec, con el objetivo de eliminar duplicidades y maximizar la eficiencia operativa.
Los motivos, para despedir trabajadores estatales han tenido varios argumentos. Desde el destrato general y la calificación de «ñoquis», una alternativa que ante el malestar generalizado, ya no se usa con tanta frecuencia, hasta el registro y exposición de los haberes percibidos por personal especializado en distintas áreas del estado. Se realizó con los empleados de aerolíneas y también con empleados de AFIP; en ambos casos, como en tantos otros, se trata de personal formado con muchos años de capacitación en los lugares que ocupan y la responsabilidad que tienen.
Ahora, además de generar campañas de desprestigio, han decidido implementar un sistema premios para las áreas que colaboren. Han indicado que el Poder Ejecutivo considera la posibilidad de implementar incentivos para aquellas áreas del Estado que logren optimizar sus recursos y generar ahorros fiscales respecto de los fondos asignados. Asimismo, se analiza la renegociación de más de 50 convenios colectivos vigentes en el empleo público y la reconfiguración de las escalas salariales, con la finalidad de corregir las disparidades existentes entre los distintos organismos y dependencias públicas.
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