Fiscal Stornelli investigará audios de Karina Milei, pero descarta allanamientos a periodistas
Infórmate en DiarioPampero.com – El fiscal Carlos Stornelli dio curso a la denuncia del gobierno de Javier Milei por supuesto espionaje ilegal tras la difusión de audios que involucran a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Aunque presume la ilegitimidad de las grabaciones, Stornelli descartó allanar los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, defendiendo el secreto de las fuentes periodísticas. La investigación, a cargo del juez Julián Ercolini, genera debate sobre libertad de prensa y censura.
Un caso que tensiona la democracia: audios, espionaje y límites a la prensa
El fiscal federal Carlos Stornelli decidió avanzar con la denuncia presentada por el gobierno de Javier Milei, que acusa a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, junto al canal de streaming Carnaval, de participar en una supuesta operación de espionaje ilegal por difundir audios atribuidos a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia. La denuncia, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y firmada por su asesor legal Fernando Soto, alega que las grabaciones, que también vinculan al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, con presuntas coimas, buscan desestabilizar al gobierno en un contexto electoral. Sin embargo, Stornelli marcó un límite claro: no habrá allanamientos a los periodistas ni se vulnerará el secreto de sus fuentes, un derecho protegido por la Constitución Nacional.
Un equilibrio entre investigación y derechos constitucionales
La investigación, ahora en manos del juez Julián Ercolini, busca determinar si los audios constituyen un caso de espionaje ilegal, como sostiene el oficialismo. Stornelli, alineado con la narrativa del gobierno, calificó las grabaciones como una “operación de inteligencia ilegal” de factura clandestina, sugiriendo que podrían haber sido manipuladas para dañar la imagen del Ejecutivo. Sin embargo, el fiscal fue enfático al rechazar los pedidos de allanamiento a los domicilios de Rial y Federico, así como a las oficinas de Carnaval Stream, donde se solicitaba el secuestro de servidores, discos rígidos y consolas de edición. “No se allanarán los domicilios de los periodistas denunciados, salvo orden fundada de juez competente”, afirmó, subrayando que la investigación no puede vulnerar el artículo 43 de la Constitución, que protege la confidencialidad de las fuentes periodísticas.
El caso, que ha generado una fuerte controversia, se centra en audios que, según el gobierno, habrían sido grabados ilegalmente, algunos de ellos en la Casa Rosada y otros en la Presidencia de la Cámara de Diputados, como señaló Martín Menem, titular de la Cámara baja. En uno de los fragmentos difundidos por el canal uruguayo Dopamina, se escucha a Karina Milei mencionar a Menem, lo que desató la reacción oficialista. El presidente Milei, por su parte, acusó a los periodistas de ser “espías disfrazados” que buscan desviar la atención de temas de fondo, aunque no especificó cuáles. La oposición, en cambio, ve en estas acciones un intento de censura previa y un ataque a la libertad de prensa, especialmente por la solicitud original de allanamientos, que incluía medidas drásticas contra los medios involucrados.
Repercusiones y críticas al gobierno
La decisión de Stornelli de no allanar a los periodistas fue celebrada por organizaciones de prensa y figuras opositoras, quienes consideran que la denuncia del gobierno es una maniobra para intimidar a los medios críticos. El abogado Gregorio Dalbón, que representa a los periodistas, denunció a Bullrich por abuso de autoridad, argumentando que el pedido de allanamientos violaba principios constitucionales y tratados internacionales sobre libertad de expresión. Asimismo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Periodistas de Salta alertaron sobre un patrón de agresiones contra la prensa durante la gestión de Milei, que incluye desde discursos estigmatizantes hasta represión en manifestaciones.
El escándalo se produce en un contexto de creciente tensión política, agravado por la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de Corrientes y el rechazo popular en actos de campaña en provincias como Buenos Aires. Las acusaciones de coimas en ANDIS, que involucran a figuras cercanas al presidente, han debilitado la imagen del gobierno, que enfrenta críticas por no abordar el contenido de los audios y centrarse en atacar a quienes los difundieron. La oposición ha impulsado pedidos de interpelación a ministros y la creación de comisiones investigadoras en el Congreso para esclarecer las denuncias de corrupción.
Un precedente peligroso para la libertad de prensa
El caso ha reavivado el debate sobre los límites entre la protección de la privacidad institucional y el derecho a informar. Mientras el gobierno insiste en que los audios son parte de una operación desestabilizadora con supuestas influencias extranjeras, la falta de pruebas concretas y el tono agresivo contra los periodistas han generado preocupación en el ámbito nacional e internacional. Más de 150 medios globales, respaldados por Reporteros Sin Fronteras, han exigido garantías para el ejercicio periodístico en Argentina, comparando las tácticas del oficialismo con prácticas autoritarias en otros países.
La investigación de Stornelli, aunque avanza, deberá sortear un delicado equilibrio: esclarecer el origen de las grabaciones sin vulnerar derechos fundamentales. Mientras tanto, el caso sigue alimentando la polarización política y pone en jaque la credibilidad del gobierno de Milei, que enfrenta uno de sus mayores desafíos desde que asumió el poder.
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