Flexibilizan Requisitos para Fabricantes y Vendedores de Armas
Informate en DiarioPampero.com – La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) ha modificado el registro para operar en el rubro de armas y municiones, eliminando la exigencia previa de habilitación municipal. Esta medida, publicada el 10 de mayo de 2025 en el Boletín Oficial, alcanza a una vasta lista de actividades comerciales e industriales vinculadas a los materiales controlados, buscando simplificar trámites ante el organismo nacional. La resolución mantiene la obligatoriedad de otras normativas y requisitos de seguridad específicos.
Una reciente disposición gubernamental altera las reglas para quienes desean fabricar, vender o reparar armamento y municiones en Argentina. Este cambio simplifica uno de los pasos necesarios para obtener la habilitación de la autoridad de control nacional. Adentrarse en los detalles de esta resolución permite comprender el alcance de la medida y el contexto en el que se enmarca el debate sobre el acceso a las armas en el país.
La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) ha flexibilizado un requisito para los fabricantes y comerciantes de armas y municiones que buscan operar legalmente en el rubro. La modificación se concretó mediante la Resolución 49/2025, dada a conocer públicamente este viernes, 10 de mayo de 2025, a través del Boletín Oficial.
Detalles de la Resolución y el Marco Normativo
La normativa establece que ya no será obligatoria la habilitación municipal como condición previa para que la ANMaC otorgue la habilitación, rehabilitación, inscripción o reinscripción de instalaciones comerciales e industriales.
La medida impacta a una variedad de actores y actividades. Entre ellos se encuentran usuarios comerciales, distribuidores mayoristas y minoristas, y talleres de reparación de armas. También abarca fábricas de distintos tipos de armas y municiones, incluyendo componentes, elementos de recarga y recarga comercial. La flexibilización se extiende a talleres de reparación y armado de materiales para vehículos blindados, plantas de destrucción de materiales de usos especiales, depósitos de armas y municiones, y entidades de tiro con instalaciones propias.
Es relevante subrayar que, a pesar de la eliminación del requisito municipal previo, la resolución mantiene otras exigencias. El Artículo 2 estipula que se deberá continuar cumpliendo con los demás requisitos y condiciones de seguridad establecidos por la normativa vigente para la guarda y almacenamiento de materiales controlados. Además, la inscripción o habilitación otorgada por la ANMaC no libera a los comercios o industrias de cumplir con las demás normas nacionales, provinciales o municipales que rijan para el inicio o la continuidad de sus actividades. El documento que formaliza esta modificación fue firmado por Juan Pablo Allan, quien preside la ANMaC.
Este cambio en el registro de fabricantes y vendedores se suma a una modificación anterior implementada por el Gobierno en diciembre de 2024. En aquella oportunidad, se alteró la ley nacional 20.429 de armas y explosivos.
La modificación previa consistió en la reducción de la edad mínima para ser considerado usuario legítimo de armas, bajándola de 21 a 18 años. Los otros requisitos para acceder a esta condición permanecieron sin cambios: no presentar impedimentos psíquicos o físicos que incapaciten al solicitante y acreditar identidad, domicilio real y medios de vida lícitos.
El aval político a una mayor facilidad en el acceso a las armas se ha manifestado en declaraciones públicas. El actual presidente, Javier Milei, expresó ya en 2022, siendo Diputado Nacional, su postura a favor de la libre portación de armas. Argumentó que la prohibición no impide que los delincuentes las utilicen, e incluso podría alentarlos. Esta posición ha sido reiterada durante su gobierno.
Patricia Bullrich, actual Ministra de Seguridad, también ha compartido una opinión similar en diferentes ocasiones. En noviembre de 2018, durante su gestión ministerial previa, manifestó: «El que quiera estar armado, que ande armado, el que no quiere que no ande armado. La Argentina es un país libre».
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos en Argentina han mantenido históricamente una posición contraria a la libre portación de armas. Sostienen que el uso de armas no resuelve los problemas de inseguridad, sino que, por el contrario, genera una mayor violencia en la sociedad.
Datos disponibles parecen sustentar estas preocupaciones. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema informó que entre 2017 y 2020, el 24% de los femicidios registrados se cometieron utilizando un arma de fuego. Un dato particularmente alarmante es que el 95% de los femicidios perpetrados por agentes de las fuerzas de seguridad fuera de servicio fueron realizados con su arma reglamentaria. Al mismo tiempo, Argentina presenta una tasa de homicidios dolosos relativamente baja, con aproximadamente 3 o 4 cada 100 mil habitantes, en marcada diferencia con países como Brasil, donde la tasa ronda el 40%. Esto sugiere que un mayor acceso a las armas no se correlaciona necesariamente con una mejora en los índices de seguridad.
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