Histórico decomiso de pesca ilegal y aplicación de millonaria multa por parte del Gobierno Nacional
En una acción sin precedentes, el Gobierno nacional ha llevado a cabo un decomiso histórico de un buque argentino sorprendido realizando actividades de pesca ilegal en una zona designada para la protección de juveniles de merluza negra. El operativo, ejecutado por la Subsecretaría de Pesca, resultó en la incautación de 139 toneladas de merluza negra y la imposición de una multa de más de $56 millones a los infractores.
Según lo informado por las autoridades, el valor de la mercadería decomisada asciende a más de $2.500 millones. El procedimiento se inició después de que empresas privadas denunciaran verbalmente ante la autoridad de aplicación que el Barco Tai An, propiedad de la empresa Prodesur S.A., estaba llevando a cabo pesca ilegal en una zona protegida de juveniles de merluza negra.
Se descubrió que la empresa no contaba con la cuota autorizada para la pesca de este ejemplar y que superaba significativamente las cinco toneladas permitidas de manera «incidental», en relación al máximo permitido que puede entremezclarse en el cardumen que se pesca.
En términos legales, el artículo 21 (inciso H) de la Ley de Pesca 24.922 prohíbe en todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina el ejercicio de actividades pesqueras sin permiso y sin asignación de cuota correspondiente, así como en contravención a la normativa legal vigente.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la ley, se ordenó el corrimiento del buque y su salida de la zona de protección de juveniles de merluza negra. Una vez en el puerto de Ushuaia, la Subsecretaría de Pesca procedió al decomiso de la mercadería.
De las 139 toneladas de merluza negra decomisadas, la autoridad de pesca ordenó su sustitución por un importe en dinero equivalente al valor de mercado en el momento de arribo a puerto del buque en cuestión, estimado en alrededor de $2.500 millones. Este dinero será ingresado al Fondo Nacional Pesquero (Fonape).
La sanción aplicada a la empresa incluye la prohibición de despacho de pesca por 45 días y una multa inicial de $113,4 millones, la cual, al haberse allanado según la normativa, se redujo en un 50%, alcanzando los $56,7 millones. «Para tomar dimensión del decomiso, este monto representa prácticamente el total recaudado entre derechos únicos de extracción y sanciones del Fonape durante todo el año 2023″, ampliaron desde Agricultura.
Este contundente accionar del Gobierno nacional envía un mensaje claro sobre la firmeza en la aplicación de la ley y la protección de los recursos naturales, subrayando la importancia de cumplir con las regulaciones establecidas para la preservación de las especies marinas y la sostenibilidad de la actividad pesquera en Argentina.
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