Javier Milei vetará totalmente la Ley de Financiamiento Universitario
El presidente Javier Milei anunció su decisión de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, generando preocupación en el ámbito académico y posibles movilizaciones estudiantiles.
Este viernes, el presidente Javier Milei confirmó que derogará la Ley de Financiamiento Universitario, una medida aprobada recientemente en el Congreso con 57 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención. El mandatario fue categórico al anunciar su decisión, lo que ha generado tensiones en el sector educativo y la posibilidad de nuevas protestas por parte de estudiantes y docentes.
La confirmación se dio a través de una publicación en la red social X, donde el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mencionó que la última palabra sobre el veto estaba en manos del presidente. Milei respondió de manera contundente: «Veto total». La Ley de Financiamiento Universitario buscaba garantizar la actualización periódica de los fondos destinados a las universidades públicas del país, cubriendo gastos operativos, proyectos de investigación y extensión.
Impacto económico y razones del veto
Uno de los aspectos más destacados de la normativa era el ajuste de los fondos universitarios cada dos meses en función de la inflación, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones educativas en un contexto de alta inflación. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de esta ley representaría un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, equivalente al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI). Este alto costo fiscal fue uno de los motivos principales que llevaron a Milei a optar por el veto.
Reacciones y movilizaciones estudiantiles
Tras el anuncio, sectores vinculados a las universidades públicas, tanto estudiantes como docentes, manifestaron su rechazo a la medida. Las agrupaciones estudiantiles ya están organizando movilizaciones y advierten sobre la posibilidad de realizar una nueva Marcha Federal en defensa de la educación pública. Consideran que la derogación de esta ley compromete la calidad y el futuro de las instituciones universitarias, al limitar los recursos necesarios para su sostenibilidad.
Con esta decisión, el gobierno de Milei refuerza su enfoque de reducción del gasto público, aunque la medida podría desencadenar un conflicto con el sector académico y aumentar las tensiones en el ámbito educativo nacional.
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