Justicia obliga al Gobierno a garantizar alimentos para sectores vulnerables

En un fallo que marca un precedente, la Justicia ordena al Estado argentino a asegurar el abastecimiento continuo de alimentos para los sectores en riesgo, en respuesta a una demanda colectiva. La resolución destaca que el derecho a la alimentación es ineludible y que debe mantenerse sin retrocesos.

La Justicia argentina se pronunció a favor de las organizaciones sociales que demandaron la regularización del suministro alimentario para comedores populares. El fallo, emitido por el juez federal Walter Lara Correa en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, obliga al Estado a proporcionar asistencia alimentaria estable para los sectores más necesitados, reforzando así el derecho a la alimentación como responsabilidad fundamental del Gobierno.

La resolución de Lara Correa responde a una demanda de amparo colectivo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que denunciaron la falta de provisión alimentaria a comedores comunitarios desde febrero de 2024. En un documento de 129 páginas, el magistrado destacó la necesidad de mantener los programas alimentarios del Ministerio de Capital Humano y de garantizar que estos se ejecuten sin reducciones, al tiempo que enfatizó la importancia de cumplir los compromisos internacionales de Argentina en cuanto a derechos básicos de alimentación.

La resolución: derecho a la alimentación y no regresión

En su fallo, Lara Correa subrayó que la obligación del Estado en materia alimentaria debe ser continua, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad, como niños, adultos mayores y personas con discapacidad. El fallo establece que estos sectores, particularmente sensibles a la inseguridad alimentaria, deben tener un acceso ininterrumpido a la asistencia del Estado. El magistrado también respaldó la permanencia de programas específicos como el “Plan Nacional Argentina Contra el Hambre” y el “Programa Alimentar Comunidad” y exigió al Ministerio de Capital Humano que informe mensualmente sobre el avance de estas iniciativas.

La Justicia también remarcó la necesidad de monitorear los registros de comedores y merenderos (RENACOM) para asegurar su efectividad. En este sentido, el juez avaló la posición del Ministerio respecto a las auditorías que revelaron posibles irregularidades en algunos establecimientos. Según la ministra Sandra Pettovello, varios comedores registrados habrían recibido alimentos de manera irregular, lo que motivó la actualización del registro.

Este fallo no solo representa una victoria para el CELS y la UTEP, sino también un avance en el compromiso del Gobierno en mantener el acceso a una nutrición adecuada para las personas más desfavorecidas.