La EUDR 1115 y el impacto en el sector agropecuario del Mercosur
La nueva normativa europea, EUDR 1115, tiene como objetivo restringir la entrada de productos agrícolas a los mercados de la Unión Europea si estos están vinculados con la deforestación. La legislación exige a los exportadores pruebas concretas de que sus productos no contribuyen a la deforestación, en un intento de proteger el medio ambiente. Sin embargo, la implementación de esta normativa podría presentar serios desafíos para los productores en Argentina y el Mercosur.
La EUDR 1115 requiere la adopción de sistemas de trazabilidad para certificar que los productos agrícolas provienen de áreas no deforestadas. Este proceso implica inversiones significativas en tecnología, monitoreo y auditorías. Para los pequeños y medianos productores, que constituyen una parte importante del sector agropecuario en la región, estos costos pueden ser prohibitivos, lo que afectaría su rentabilidad y competitividad.
Además, la normativa no toma en cuenta las diferencias geográficas y ambientales entre los países productores. En regiones como la Pampa húmeda en Argentina, la producción agrícola se realiza en áreas históricamente cultivadas y no está asociada con la deforestación. No obstante, la normativa se aplica de manera uniforme, imponiendo una carga adicional a los productores que no contribuyen al problema.
El Mercosur es un actor clave en la producción de soja, carne y otros productos agrícolas, compitiendo con países como Estados Unidos y Australia. La EUDR 1115 podría desviar las exportaciones de la región hacia mercados alternativos sin estas restricciones, reduciendo así la competitividad en el mercado europeo.
Aunque la normativa pretende combatir la deforestación, su enfoque limitado no aborda las causas estructurales del problema, como la explotación maderera ilegal, la expansión urbana y el cambio climático. Esto convierte a la EUDR 1115 en una solución parcial que impone costos desproporcionados a los productores sin resolver el problema global de la deforestación.
Por otro lado, la plataforma VISEC busca certificar a los productores de soja y carne como libres de deforestación, ofreciendo un estándar ambiental superior. Sin embargo, esta certificación centraliza el control en una entidad privada, limitando la autonomía de los productores y aumentando los costos operativos. Además, la dependencia de VISEC podría desviar la atención de los mercados internos y regionales, afectando la diversificación comercial.
La adopción masiva de VISEC podría fragmentar el sector agropecuario, creando una división entre aquellos que pueden cumplir con los requisitos y aquellos que no, en un momento crítico para enfrentar desafíos como el cambio climático y las fluctuaciones de precios.
El Mercosur debería buscar negociar con la Unión Europea y otros socios comerciales acuerdos que reconozcan las particularidades regionales y ofrezcan incentivos para la producción sostenible. Alternativamente, los países del Mercosur podrían desarrollar sus propios sistemas de certificación adaptados a sus realidades locales, manteniendo el control sobre las prácticas agrícolas.
En resumen, la normativa EUDR 1115 y la plataforma VISEC, a pesar de sus buenas intenciones para promover la sostenibilidad, imponen barreras comerciales y costos adicionales a los productores agropecuarios del Mercosur. La adopción de estas medidas, al menos en su forma actual, podría llevar a una pérdida de autonomía, aumento de costos y reducción de competitividad en mercados clave, sin abordar eficazmente el problema global de la deforestación.
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