La Justicia busca reconstruir el recorrido de Flávio Bolsonaro por Misiones
La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó preservar las cámaras del puente Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú para reconstruir el ingreso y la salida de Flávio Bolsonaro, en una investigación preliminar sobre posibles irregularidades.
Infórmate en DiarioPampero.com – La medida también incluye pedidos de información a Migraciones y a la Cancillería sobre los controles realizados y las comunicaciones recibidas desde Brasil.
La Justicia ordenó preservar las cámaras de seguridad que registraron el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina. La disposición fue dictada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y apunta a conservar imágenes que puedan aportar datos sobre sus movimientos.
Los registros corresponden a la Dirección Nacional de Migraciones en el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Puerto Iguazú con Foz do Iguaçu, y al aeropuerto de Puerto Iguazú. Además, la magistrada solicitó informes a la Cancillería y a Migraciones.
La medida respondió a un pedido de la fiscal federal Paloma Ochoa, quien requirió diligencias preliminares antes de definir si impulsa formalmente una acción penal. Capuchetti también pidió información sobre una causa iniciada por el mismo episodio en la Justicia Federal de Puerto Iguazú.
La investigación y las denuncias
El expediente busca determinar si las autoridades argentinas recibieron comunicaciones oficiales de Brasil sobre eventuales restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro y si algún funcionario omitió controles o facilitó su salida del país.
La investigación en Comodoro Py se inició a partir de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios. La presentación pidió analizar posibles delitos como encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos.
Por otra parte, el diputado Esteban Paulón denunció a Milei, al canciller Pablo Quirno y al asesor presidencial Santiago Caputo por el presunto encubrimiento del traslado. Esa presentación quedó inicialmente asignada a otro juzgado federal.
En Puerto Iguazú también se abrió una investigación a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano. Entre las medidas solicitadas figura la preservación de las filmaciones para esclarecer las circunstancias del traslado de Bolsonaro y su familia.
Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50 por el puente Tancredo Neves. Viajaba junto con su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas.
El organismo sostuvo que el grupo presentó documentación válida y que no registraba impedimentos legales para ingresar al país. A las 23.30, los cuatro abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly con destino declarado a Guayaquil, Ecuador.
La aeronave hizo una escala en Ecuador y luego continuó hacia el aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, en Miami, donde llegó el miércoles 28 de octubre. El recorrido quedó bajo análisis luego de que trascendiera que la Justicia brasileña había prohibido a Bolsonaro salir de su país y le había ordenado entregar sus pasaportes.
El caso también generó interrogantes por la presencia de Santiago Caputo en Misiones durante la madrugada del 28 de octubre. Según un acta policial citada por medios nacionales, efectivos de la Policía de Misiones detuvieron cerca de las 2.50 una caravana sobre la ruta nacional 12.
En una camioneta Toyota Hiace con patente diplomática de la Entidad Binacional Yacyretá viajaba Caputo, quien se habría identificado como consultor político y asesor del Presidente. Delante circulaba una Ford Ranger conducida por Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad de Yacyretá.
Caputo negó haber estado en ese control y personas de su entorno rechazaron que hubiera colaborado con la salida de Bolsonaro. La preservación de las imágenes y los informes solicitados permitirán evaluar si corresponde avanzar con una investigación penal formal. Las medidas preliminares no prueban la participación de funcionarios en un delito.
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