Decreto permitiría que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior

Decreto permitiría que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior: incertidumbre y preocupación por la medida

El decreto 1112/2024 redefine el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, generando interrogantes sobre su implementación. Críticas y temores surgen en torno a esta nueva normativa que centraliza decisiones en Seguridad en la figura polémica de la Ministra Patricia Bullrich

El Gobierno Nacional ha implementado el decreto 1112/2024, que amplía las competencias de las Fuerzas Armadas para abordar amenazas consideradas contemporáneas a los intereses vitales de la Nación. Esta medida otorga a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, facultades para coordinar acciones que antes eran exclusivas del Ministerio de Defensa, dirigido por Luis Petri. La nueva regulación también redefine el concepto de amenaza, incluyendo actores no estatales y nuevos escenarios como el ciberespacio y el espectro electromagnético.

El decreto, que reemplaza a la normativa de 2006, ha sido defendido por el Ejecutivo como una herramienta para modernizar las capacidades militares. Sin embargo, su implementación genera dudas, especialmente respecto a qué se considera una amenaza y cuáles serán los criterios para la actuación de las Fuerzas Armadas. Las críticas también apuntan al riesgo de militarizar conflictos internos, como protestas sociales o sindicales, en zonas consideradas de valor estratégico, entre ellas Vaca Muerta o infraestructuras clave.

Controversias y críticas al decreto

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha cuestionado fuertemente la medida, advirtiendo sobre el peligro de que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior. Según el CELS, esta normativa podría ser utilizada para justificar operativos represivos en lugares como aeropuertos, puertos o incluso la Plaza de Mayo. La organización señala que el decreto no fue debatido en el Congreso y recuerda los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado durante la dictadura militar, que también utilizó la seguridad interior como justificativo.

A pesar de los objetivos declarados de modernización, las Fuerzas Armadas enfrentan restricciones presupuestarias crónicas que dificultan su operatividad. Los problemas en los ascensos y la falta de mejoras salariales también han generado tensiones internas en las cúpulas militares.

La nueva normativa incluye la posibilidad de que las Fuerzas Armadas complementen a las fuerzas de seguridad en zonas de frontera y participen en actividades de apoyo logístico y asistencia ante emergencias. Aunque estas disposiciones buscan justificar una «coordinación estratégica», críticos como el CELS insisten en que podrían allanar el camino para la militarización de conflictos sociales.

Este contexto se complejiza con incidentes recientes, como la represión en Orán, Salta, en el marco del Plan Güemes, que resultó en la muerte de un trabajador. El operativo, defendido por Bullrich como un accionar contra «narcos violentos», ha generado repudios por parte de comunidades y organizaciones que denuncian abusos hacia trabajadores informales.

El debate sigue abierto, con una división clara entre quienes ven en el decreto una herramienta de modernización y quienes temen su uso para intensificar la represión y limitar derechos fundamentales.