Gobierno prohíbe traslados de cárcel a presos que cambien de género y genera un conflicto legal

El Ejecutivo publicó el Decreto 61/2025 que impide la reubicación de reclusos según su género modificado tras la detención. Argumentan que la norma busca garantizar la seguridad penitenciaria y evitar conflictos en las cárceles. La administración penitenciaria asignará el alojamiento según el sexo registrado al momento del delito. Sin embargo, la aplicación de este decreto generará disputas legales, ya que contradice una ley vigente.

El Ejecutivo oficializó una medida que impide a personas privadas de la libertad cambiar de establecimiento penitenciario tras modificar su género. Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el alojamiento de los reclusos se determinará por el sexo registrado al momento del delito. La normativa busca evitar conflictos en los penales y garantizar la seguridad de los internos.

El decreto y su conflicto con la legislación vigente

Mediante el Decreto 61/2025, el gobierno de Javier Milei estableció que la administración penitenciaria asignará el lugar de reclusión de acuerdo con el sexo registrado al momento del hecho delictivo. La normativa prohíbe la reubicación de presos que inicien un cambio de género después de su detención, incluso si obtienen la rectificación registral de su identidad bajo la Ley N° 26.743. Sin embargo, expertos juristas advierten que la aplicación de este decreto generará disputas legales, ya que contradice una ley vigente y debería ser supeditado a no contradecir normativas superiores.

El documento señala que las autoridades penitenciarias deberán rechazar cualquier solicitud de traslado basada en la rectificación del sexo, nombre e imagen de la persona privada de la libertad. No obstante, la medida también contempla la obligación de garantizar la seguridad de aquellos que ya hayan completado el proceso de cambio registral.

El decreto se fundamenta en casos recientes, como el de un recluso en Córdoba que, tras cambiar de género y ser trasladado a una cárcel de mujeres, fue acusado de cometer abusos dentro del penal. Según el gobierno, esta situación evidencia la necesidad de establecer parámetros claros para evitar riesgos dentro de las unidades penitenciarias.

Las autoridades sostienen que la norma no solo busca prevenir conflictos internos, sino también resguardar la integridad física y psicológica de la población carcelaria. No obstante, especialistas en derecho afirman que para evitar controversias legales, el Congreso Nacional debería modificar la Ley de Identidad de Género, ya que un decreto no puede invalidar una ley preexistente. En ese sentido, se destaca que cualquier cambio en la ubicación de un detenido deberá considerar su impacto en la seguridad de los demás internos.

En su discurso en la Casa Rosada, Milei anticipó la implementación de esta medida, afirmando que los delincuentes no podrán cambiar de penal bajo la justificación de identidad de género. Asimismo, anunció la intención de extender la normativa a los sistemas penitenciarios provinciales mediante una iniciativa legislativa.