Los trabajadores tabacaleros decidieron hoy el «alerta» ante «el freno de la producción nacional de cigarrillos»; aseguraron que «la amenaza de las importaciones desde países de la región arriesga los empleos» en la actividad y señalaron su «preocupación» por «el desfinanciamiento de las obras sociales».
El personal expresó hoy en un comunicado su «profunda preocupación» por «el freno de la actividad industrial de fabricación de cigarrillos por las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio«, aunque sostuvo que «comprende» la necesidad de cuidar la salud de 10 mil tabacaleros y de la sociedad en general.
«Pero es obligación del Sindicato Único de Empleados del Tabaco (Suetra) y la Federación de Trabajadores del Tabaco (FTTRA) visibilizar la continuidad de la inactividad en el sector, en especial luego de la tarea realizada con las empresas en la elaboración de un protocolo sanitario para reanudar las actividades de forma segura en las plantas de fabricación y preservar la salud«, puntualizó.
Raúl Quiñones y Juan Martini, secretarios generales del sindicato y de la Federación, respectivamente, aseguraron que ese protocolo incluyó dotaciones mínimas y turnos de trabajo para evitar las aglomeraciones, el traslado privado a los lugares de empleo y el respeto de estrictas prácticas y medidas de seguridad e higiene.
«Es seguro el regreso a la actividad. Para que la industria produzca otra vez se requiere movilizar al mínimo de la dotación en condiciones de salubridad, por lo que los gremios solicitan la reapertura de las fábricas. Para enfrentar el desabastecimiento, las empresas importan cigarrillos desde otras plantas de Brasil y Chile, con el peligro que eso genera para las fuentes de trabajo«, puntualizaron.
Los dirigentes gremiales señalaron que «de seguro» las autoridades de gobierno comparten «el valor del empleo industrial argentino» y que entre sus objetivos «no figura que esas actividades que generan mano de obra y son dinamizadoras de la economía sean reemplazadas por bienes que son traídos del extranjero«.
El ingreso de cigarrillos de esos dos países y de Paraguay en el caso de los productos de contrabando -otra actividad que creció en la cuarentena- significa «un riesgo sanitario porque existe allí una elevada circulación del virus Covid-19«.
«El freno a la actividad industrial tabacalera también amenaza los fondos de la obra social sindical. Por cada día que no salen cigarrillos de las plantas de producción al canal comercial el Estado pierde 700 millones de pesos en impuestos, y los ingresos de las obras sociales se lesionan seriamente, cuando el sistema debe estar fortalecido para atender a los afiliados«, concluyeron Martini y Quiñones, quien integra el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA).
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