La Corte Suprema admitió la demanda de La Pampa por los fondos ATN y dio 60 días a Nación para responder
La Corte Suprema habilitó el tratamiento judicial del reclamo impulsado por La Pampa por la distribución de los fondos ATN y emplazó al Gobierno nacional a responder en un plazo de 60 días. La Provincia sostiene que Nación incumple obligaciones legales y constitucionales al retener recursos coparticipables. El planteo también advierte sobre el impacto financiero en las provincias y cuestiona la discrecionalidad en el reparto de fondos.
Infórmate en DiarioPampero.com – La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por el Gobierno de La Pampa contra el Estado nacional por la distribución de los fondos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. El máximo tribunal se declaró competente y otorgó 60 días al Poder Ejecutivo Nacional para responder. La Provincia sostiene que Nación retiene recursos coparticipables que pertenecen a las jurisdicciones y denuncia un perjuicio sobre las finanzas provinciales.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por el Gobierno de La Pampa contra el Estado nacional por la distribución de los recursos correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otorgó un plazo de 60 días para que el Poder Ejecutivo Nacional responda formalmente el planteo realizado por la Provincia.
La resolución implica que el máximo tribunal se declaró competente para intervenir en la causa y dio curso al expediente iniciado por la administración pampeana. De esta manera, el proceso judicial avanzará con la contestación de la demanda por parte del Gobierno nacional.
La acción judicial fue promovida en mayo de 2024 por el gobernador Sergio Ziliotto a través de la Fiscalía de Estado encabezada por Romina Schmidt, con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
El planteo presentado ante la Corte consiste en una acción declarativa de inconstitucionalidad mediante la cual La Pampa reclama que el uno por ciento asignado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional integre la masa de fondos coparticipables y sea distribuido automáticamente entre las provincias, conforme a lo establecido por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.
La Provincia sostiene que Nación retiene recursos que pertenecen a las jurisdicciones federales
En la demanda, el Gobierno pampeano argumentó que los fondos ATN pertenecen a las provincias y que el Estado nacional tiene la obligación legal y constitucional de distribuir esos recursos para atender emergencias y desequilibrios financieros provinciales.
La presentación judicial sostiene que, en el actual escenario de crisis económica y caída de ingresos, el Gobierno nacional “se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen”, incumpliendo con la distribución prevista por la normativa vigente y afectando de manera directa las finanzas provinciales.
Según el reclamo presentado por La Pampa, al momento de iniciarse la acción judicial el Estado nacional retenía cerca de 397 mil millones de pesos correspondientes a las provincias argentinas. Desde la administración provincial señalaron que esa situación profundizaba el ahogo financiero de los estados federales.
Además, el Gobierno pampeano indicó que Nación sólo había transferido aproximadamente 10.300 millones de pesos a algunas jurisdicciones, una suma considerada insuficiente frente al total de recursos acumulados y no distribuidos.
La demanda también remarcó que no existen antecedentes recientes de una retención de estas características. La última distribución amplia de fondos ATN se realizó en noviembre de 2023, cuando el anterior Gobierno nacional dispuso el envío de 131 mil millones de pesos a las 24 jurisdicciones federales.
Otro de los ejes del planteo judicial apunta al deterioro del federalismo fiscal y a la concentración de recursos en manos del Estado nacional. En ese sentido, la Provincia sostuvo que la actual modalidad de distribución contradice los principios establecidos en la reforma constitucional de 1994, incorporados en el artículo 75 inciso 2, que prevé una distribución equitativa, solidaria y automática de los recursos coparticipables.
Asimismo, el escrito cuestiona que la asignación de los fondos quede sujeta a “la discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo Nacional”, sin parámetros objetivos de reparto, situación que —según la demanda— vulnera los principios constitucionales que regulan la relación fiscal entre Nación y provincias.
El Gobierno provincial advirtió además que la falta de distribución automática de estos recursos limita la capacidad de respuesta de las administraciones provinciales frente a demandas sociales, económicas y de infraestructura.
Con la resolución conocida ahora, la Corte Suprema dio inicio formal al tratamiento del reclamo presentado por La Pampa y abrió el proceso judicial destinado a determinar si el Estado nacional incumplió las obligaciones constitucionales y legales vinculadas con la distribución de los fondos correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
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