La quita de subsidios a las tarifas de gas y electricidad se postergará al menos hasta junio
El Gobierno argentino ha anunciado una nueva demora en la quita de subsidios en las tarifas de luz y gas, previamente planeada como parte de su estrategia para alcanzar un superávit fiscal. Según fuentes oficiales y del sector energético, la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE), inicialmente prevista para abril y luego postergada a mayo, ahora se espera para junio o julio.
Este retraso se atribuye a dificultades en el cruce de datos necesarios para determinar qué hogares continuarán recibiendo asistencia en sus facturas de energía. Tanto la Jefatura de Gabinete como el Ministerio de Economía trabajan en encontrar la sincronización adecuada en este proceso.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había proyectado un recorte de 0,5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) este año en el gasto de subvenciones a las tarifas, junto con otros 0,2 puntos del PBI destinados al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, la deteriorada situación social ha llevado a reconsiderar este ajuste.
Inicialmente, el compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) era incrementar las tarifas de electricidad en un 200% y las de gas en un 150%, con el objetivo de cubrir el costo pleno de la energía en abril, excepto para los hogares vulnerables. Sin embargo, aproximadamente el 70% de los usuarios seguirán pagando menos del 10% del costo real del servicio, ya que el ajuste se centrará en usuarios de altos ingresos, comercios e industrias.
La implementación de la Canasta Básica Energética, liderada por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, está diseñada para atender las necesidades básicas de consumo de electricidad y gas de los hogares, adaptadas a su ubicación geográfica y nivel socioeconómico. Sin embargo, su entrada en vigor, inicialmente programada para abril y luego retrasada a mayo, se espera ahora para junio o julio, según fuentes del sector.
La principal demora radica en el cruce de datos entre el Registro de Acceso a los subsidios a la Energía (RASE) y los deciles socioeconómicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), para determinar el nivel de subsidio que corresponde a cada hogar.
Este retraso en la aplicación de medidas tarifarias se suma a una serie de ajustes no realizados por el Gobierno, que reconoce la importancia de una ejecución precisa de estas políticas. Hasta ahora, solo se han eliminado los subsidios a la luz y al gas para los usuarios de altos ingresos, comercios e industrias, mientras que la mayoría de los usuarios residenciales continúan recibiendo subsidios. Además, no se ha aplicado la fórmula de indexación por inflación bimestral al transporte en el AMBA desde abril.
Los subsidios energéticos han representado un gasto significativo para el Estado, superando incluso el gasto en programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH). El Gobierno espera que estos ajustes contribuyan a la desaceleración de la inflación y a la consolidación del superávit fiscal. Sin embargo, la complejidad en la implementación de estas medidas sigue siendo un desafío para las autoridades económicas del país.
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