Monteoliva propuso bajar la edad de imputabilidad hasta los 12 años y defendió la reforma de la Ley Penal Juvenil
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que la edad de imputabilidad penal debería bajar hasta los 12 años tras incorporarse la reforma de la Ley Penal Juvenil al temario de sesiones extraordinarias. La funcionaria sostuvo que el piso actual resulta insuficiente, habló de reclutamiento de niños por bandas delictivas y dijo que el debate puede modificar el sistema vigente, en un contexto marcado por delitos recientes cometidos por menores
La titular de Seguridad planteó que la imputabilidad penal debería reducirse incluso por debajo de los 13 años y defendió la reforma de la Ley Penal Juvenil. Aseguró que Argentina quedó atrasada frente a la región, advirtió sobre el uso de niños por parte del delito organizado y celebró que el Congreso trate el tema desde febrero, mientras crece la preocupación social por hechos recientes
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que la edad de imputabilidad penal debería reducirse “hasta los 12 años” y consideró que el piso de 13 resulta insuficiente, luego de que se confirmara la inclusión de la reforma de la Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas para comenzar el próximo 2 de febrero.
En declaraciones radiales, la funcionaria expresó su expectativa de avanzar hacia una baja mayor y celebró que el asunto finalmente llegue al recinto. “Por fin el tema va a estar incluido para ser debatido”, señaló, al tiempo que manifestó su deseo de que el Parlamento pueda fijar un nuevo umbral etario. “Ojalá logremos establecerla en 13 o 14 años, aunque incluso debería ser menos”, afirmó.
Argumentos oficiales y comparación regional
Monteoliva explicó que Argentina presenta un retraso en esta materia respecto del resto de la región. Según detalló, salvo Brasil, la mayoría de los países latinoamericanos fija la edad mínima de imputabilidad entre los 12 y los 14 años, mientras que el régimen vigente en el país data de 1980. Para la ministra, esa normativa quedó desactualizada frente a la evolución del delito organizado.
En ese sentido, advirtió que las organizaciones criminales modificaron sus prácticas y que hoy “reclutan niños” para cometer ilícitos, una realidad que, dijo, se refleja en distintos expedientes judiciales y en estadísticas recientes. A su vez, sostuvo que la reforma permitiría un abordaje más adecuado tanto para las víctimas como para los propios menores involucrados en hechos delictivos.
Las declaraciones de Monteoliva se alinearon con la postura del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien también respaldó públicamente el proyecto impulsado por el oficialismo al considerar que el esquema actual resulta injusto y carece de herramientas eficaces para responder a las nuevas modalidades delictivas.
La reactivación del debate parlamentario se produce en un contexto de alta sensibilidad social, atravesado por delitos recientes protagonizados por menores de edad, lo que volvió a colocar el tema en el centro de la agenda política. Desde el Gobierno confían en que la discusión de la Ley Penal Juvenil permita actualizar el marco legal y avanzar hacia un nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente, con mayor intervención del Estado y políticas de acompañamiento.
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