Nación depositó a La Pampa la primera cuota de 5 mil millones por la deuda previsional tras el acuerdo judicial

El Gobierno de La Pampa ha verificado el ingreso de los fondos correspondientes al primer tramo del plan de regularización de la deuda previsional que mantiene el Estado nacional. La transferencia, realizada bajo la presión de una conciliación obligatoria dictada por la Corte Suprema de Justicia, marca el comienzo de una serie de pagos mensuales. Las autoridades provinciales destacan que este cumplimiento financiero es consecuencia directa de las acciones legales iniciadas para defender los recursos pampeanos.
Infórmate en DiarioPampero.com – El Gobierno de La Pampa confirmó la recepción de 5.000 millones de pesos transferidos por la Nación, iniciando así el esquema de pagos por la deuda previsional histórica. Este desembolso, que sucede al anticipo otorgado en diciembre, se concreta únicamente tras la conciliación dictada por la Corte Suprema. Desde el Centro Cívico subrayan que la regularización de estos pasivos no responde a una iniciativa federal, sino al acatamiento de una orden judicial impostergable.
La administración del gobernador Sergio Ziliotto ha notificado el ingreso de la primera cuota de 5.000 millones de pesos a las arcas provinciales, enviada por el Gobierno nacional. Este movimiento financiero se enmarca dentro del convenio de pago establecido para saldar la deuda previsional acumulada por la gestión central. Según trascendió desde las oficinas del Centro Cívico este miércoles, los equipos técnicos se encuentran abocados a la preparación de la documentación respaldatoria necesaria para proceder de inmediato con la coparticipación de estos recursos hacia las distintas localidades pampeanas.
La concreción de este depósito pone de manifiesto la postura que ha mantenido el Gobierno de La Pampa respecto al manejo de los fondos públicos por parte de la administración de Javier Milei. Desde la provincia se sostiene que el reconocimiento y pago de esta deuda, considerada ilegal durante su retención, solo fue posible gracias a la intervención directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó una instancia de conciliación imperativa entre las partes. Este pago da continuidad al desembolso inicial de 2.500 millones de pesos que se hizo efectivo el pasado 24 de diciembre.
El impacto en las finanzas municipales y la continuidad del cronograma pactado judicialmente
Aquel primer giro fue formalizado mediante un convenio entre el mandatario provincial y el titular de la Anses, Fernando Bearzi. Para las autoridades pampeanas, la secuencia de los hechos demuestra que la reducción del pasivo no obedeció a una voluntad política de la Casa Rosada de cumplir con sus obligaciones, sino al acatamiento forzoso de una disposición judicial que no dejaba margen para nuevas dilaciones. El acuerdo global alcanzado asciende a un total de 62.500 millones de pesos, cifra destinada al financiamiento provisorio del déficit que presenta el Sistema Previsional de los agentes públicos de la provincia.
El esquema de pagos diseñado estipula, tras el anticipo de diciembre, la liquidación del saldo restante en doce cuotas mensuales y consecutivas de 5.000 millones de pesos cada una, comenzando en enero de 2026. De la totalidad de los fondos que ingresan por este concepto, un 11,73 % corresponde legítimamente a los municipios y Comisiones de Fomento. Por esta razón, las intendencias aguardan con expectativa la transferencia de los montos correspondientes, recursos necesarios para afrontar la compleja situación socioeconómica derivada de las políticas implementadas desde la asunción del actual gobierno libertario.
El reclamo sostenido por La Pampa se fundamentó en auditorías técnicas rigurosas realizadas de manera conjunta entre el organismo nacional y el Instituto de Seguridad Social provincial. La solidez de la demanda se basó en la vigencia de la Ley 27.260, que establece el financiamiento para las jurisdicciones que no transfirieron sus cajas previsionales, y en la adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Sin embargo, fue el mandato de la Corte Suprema el factor determinante para destrabar el conflicto y propiciar el flujo de fondos que ahora comienza a regularizarse.
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