Justicia obliga al Gobierno de Milei evitar demoras en medicamentos que dejaron al menos siete muertos
Un juez federal ordenó al Gobierno agilizar cientos de trámites para entregar medicación a pacientes graves, denunciando que las demoras ya provocaron al menos siete muertes. El fallo destaca cifras alarmantes: más de 800 expedientes superan el plazo legal de 60 días. Las organizaciones exigen acciones inmediatas para evitar más víctimas. La causa sigue abierta.
Un fallo judicial expone graves retrasos en la entrega de medicamentos esenciales para pacientes vulnerables, responsabilizando al Gobierno de al menos siete fallecimientos y advirtiendo sobre posibles nuevas muertes evitables.
Un contundente fallo del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2, a cargo del juez Marcelo Dos Santos, ordenó al Gobierno nacional acelerar la resolución de cientos de expedientes relacionados con la entrega de medicamentos a pacientes oncológicos y con enfermedades graves. La decisión responde a un amparo colectivo presentado en abril por diversas organizaciones sociales, denunciando una parálisis casi total en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que administra dichos subsidios.
El magistrado fijó un plazo de diez días para resolver más de 800 expedientes demorados y enfatizó que la ineficiencia administrativa ya habría ocasionado al menos siete muertes. Entre las víctimas, mencionadas en el expediente, se encuentran Aldo Pinto (Salta), Camila Giménez (Córdoba) y Alfredo González, cuyos casos representan el impacto devastador de la falta de acceso a medicación esencial.
Cifras alarmantes y fallos concluyentes
El informe judicial revela datos alarmantes: de los 940 expedientes activos, 829 exceden los 60 días hábiles permitidos para su resolución, incluyendo 119 de pacientes pediátricos. Las autoridades de la DADSE, convocadas por el juez, no presentaron explicaciones concretas ni pruebas que respalden el cumplimiento de los plazos establecidos, incumpliendo además citaciones claves en el proceso.
El juez Dos Santos señaló que el derecho a la salud, consagrado como un derecho humano fundamental, está siendo vulnerado por la omisión del Estado en cumplir sus obligaciones. Rechazó, además, el argumento oficial de limitar las responsabilidades de la DADSE a casos de alto costo, destacando que también se reportaron interrupciones en tratamientos de costo medio.
Organizaciones como la Alianza Argentina de Pacientes y la Asociación SOSTEN celebraron el fallo, pero remarcaron que la situación sigue siendo crítica para miles de personas. «Este fallo ratifica que el acceso a medicamentos no puede ser obstruido por ineficiencias administrativas ni decisiones políticas», expresaron en un comunicado.
La medida judicial representa un llamado de atención sobre la gestión gubernamental en materia de salud pública, con posibles consecuencias penales para los responsables de las demoras que ya costaron vidas.
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